César Panza, ElElefanteBocarriba, Soberanía y energía

LA SOBERANÍA DE LA ENERGIA, DOS ESTAFAS HISTÓRICAS A LA NACIÓN (I) – CÉSAR PANZA

La venta ha sido necesaria para negar/ la luz que guarda la carne del animal terráqueo
—R. Rincón
Monje poderoso:/ Tu corazón es el único sol que no se desangra,/ tu sueño es el destino y sus vicisitudes,/ negras rosas –crueles y placenteras.
 —R. Palomares

 

Regalías petroleras

Es domingo 25 de Enero de 1959 y en el periódico El Nacional salía una columna de Salvador de la Plaza titulada “¿Qué es el Royalty Petrolero?”. Una sucesión de eventos concretos enmarañaba los conceptos que condicionaban la relación entre el Estado de entonces y las empresas petroleras que alimentaban de energía al mundo de posguerra. Se comprometía así la participación de la Nación en los beneficios provenientes de la explotación de los hidrocarburos. Dice Salvador que:

plaza

Entre nosotros, a diferencia de otros países, el subsuelo ha sido siempre considerado como propiedad de la Nación o de los Estados, (…) Esa tradición se origina en el hecho de que durante la dominación española la propiedad del suelo y del subsuelo las detentaba el Rey. Al independizarnos, nuestra Nación heredó la propiedad del subsuelo (…)

Determinados intereses se conjuraban para que, otorgada una concesión de exploración de un sector del territorio y explotación temporal del petróleo que se encuentre en ella, se confundiese regalía o con impuesto o con una porción de los beneficios derivados del rendimiento de las operaciones mineras: “El royalty petrolero es la parte de la riqueza petrolera que la Nación se reserva para sí al otorgar la concesión.”

El royalty o regalía no es tributo, argumenta Salvador, porque los impuestos se pagan para compensar las ventajas especiales que consume el contribuyente. Sea directo o indirecto, el impuesto se paga para cubrir los gastos que origina la organización, mantenimiento y mejora de los servicios públicos, para atender a la defensa nacional, a la educación, a la sanidad y las actividades culturales: “Es absurdo, inaceptable, que la Nación reciba una parte de su propia riqueza en pago de los servicios que el Estado presta al concesionario, o como compensación por las ventajas obtenidas con la concesión.”

La regalía no es ganancia, sigue arguyendo el célebre venezolano, porque el petróleo es riqueza que no se renueva ni se amortiza, sino todo lo contrario, a diferencia del capital de las empresas que sí paga y se multiplica atrozmente. La regalía es parte del don de tierra que no se ha renunciado, ni cedido, ni traspasado al otorgar la concesión. El royalty es capital de la nación, decía Brito Figueroa ante las mismas circunstancias e intereses sombríos contra los que Salvador escribía.

Es un lugar común aseverar que la historia político-económica de la Venezuela contemporánea ha estado signada por el petróleo. Pero a veces parece que olvidamos que la discusión, negociación y legislación petrolera siempre ha mantenido inquieta a la vida nacional, desde las disputas entre los monopolios angloholandeses y los estadounidenses por el control de la mayoría del territorio; la seducción y coacción de los carteles foráneos a los gobiernos locales por los derechos de ocupación y traspasos de parcelas que se considerasen justas para explorar, perforar y comunicar; el regateo por la obtención de rebajas o exoneraciones de impuestos, la injerencia detrás de golpes de estado y elecciones populares, para obtener nuevas concesiones o boicotear las nuevas legislaciones sobre los hidrocarburos. Y así hasta llegar a celebrar convenios secretos, sea con dictadores o sea con demócratas, que hiciesen pasar por una repartición mitad y mitad a un estafa que no solo disponía que el Estado se pagase a sí mismo parte de las regalías, sino que impedía modificar el régimen fiscal sobre las operaciones petroleras y, así, reducía lo que debían cancelar las compañías petroleras por concepto de impuesto sobre la renta: un receta fantástica que convertía un 50-50 en un 64-36, en detrimento de los intereses de la nación.

 

Decía Salvador de la Plaza, también conocido como el monje rojo, por su austeridad e ideología, como concluyendo una severa homilía: “No más acuerdos secretos con las compañías petroleras ni del hierro. La Nación debe mantener su independencia soberana de establecer su régimen impositivo de acuerdo con los intereses nacionales y las condiciones que priven en cada momento, sin dejarse marear por fórmulas mágicas.”

23 de Enero

El ascenso y caída de Pérez Jiménez, la última dictadura militar de la historia de Venezuela, estuvo inscrita en esa batalla por los beneficio del petróleo y, sobre todo, por determinar quién negociaría sobre ellos. Aunque durante su gobierno la producción petrolera se incrementó, al igual que los precios, se vio inmerso en un déficit fiscal crítico, provocado, según historiadores generosos, por su ambicioso plan de industrialización y modernización del país. Yendo en contra de la política que tanto Salvador de la Plaza como Juan Pablo Pérez Alfonzo sostenían, renunció al sentido común nacionalista y decidió otorgar más concesiones a la Shell y a la Standard –actual ExxonMobil. Pensaría quizás que tales prerrogativas al imperialismo resolvería su insolvencia y lo incrustarían al poder, pero al poco tiempo sería depuesto como presidente en una conspiración que contó con el consentimiento de los Estados Unidos, quienes veían en El Dictador Constitucional un punto crítico, una fuente de inestabilidad política en una región donde empezaban a hervir las luchas populares, los movimientos de liberación nacional y las revoluciones socialistas. El capitalismo neocolonial se enfrentaba a un cambio en el Orden Mundial, su agresividad debía mutar a formas políticas más seguras y permanentes. Sumado a eso, el interés activo de la oligarquía financiera nativa, alias burguesía nacional parasitaria, capitalizó –con conspiraciones palaciegas y a última hora– la lucha cívico-militar que el descontento popular dirigía. El 23 de Enero de 1958 fue la contraparte política de la estafa del 50-50: el triunfo de la contrarrevolución y no de la revolución,

“(…) hasta concluir en gobiernos populistas de diferente signo ideológico cuya función ha consistido solo en facilitar la transnacionalización del Estado, transformándolo en una entidad pública apátrida, al servicio de la aristocracia del dinero, la aristocracia obrera, la pequeña canalla intelectual y política, el aparato burocrático militar-policíaco y, sobre todo, los intereses extranacionales.”

Tal es el balance que Federico Brito Figueroa hace del 23E de 1958. Como el reverso de la nueva era democrática que se inauguraba entonces, el nuevo gobierno hipotecó al país en los centros financieros del norte, pagó las infladas acreencias de la oligarquía caraqueña que recién estuvo bajo el amparo de Pérez Jiménez, bajó los sueldos y devaluó el bolívar, empujando así, represivamente y mucha violencia, a millones de venezolanos a la depauperación y a la muerte, sofocándolos con las supuestas condiciones para un crecimiento económico dependiente, que no sería más que una prosperidad concentrada en pocas manos venezolanas y extranjeras.

Tal fue la realidad de una Venezuela tan rica como miserable, el fermento que aceleraría la descomposición social y abonaría el terreno para que los movimientos populares abriesen el ciclo histórico de estos últimos 20 años. Tal es también el precedente inmediato de los grandes peligros actuales, la causa del tamaño de las tareas a resolver hoy y los rastros de las costumbres injerencistas de los gobiernos norteamericanos. Por eso el escrutinio inmisericorde a las estafas históricas que todavía se venden como épicas gloriosas y grandes tratos. Todavía tenemos memoria.

Soberanía y petróleo

Cuando Salvador escribió sobre qué son las regalías, el marco legislativo sobre el petróleo y las minas era ambiguo. La Ley de Hidrocarburos de 1956 no declaraba explícitamente que el yacimiento petrolero fuese propiedad del Estado. Si acaso lo hacía indirectamente, al establecer que la concesión no otorga al concesionario el derecho de propiedad sobre el pozo. La constitución de entonces no poseía postulados rotundos sobre los derechos de la Nación. En el mismo artículo anotó:

“Si ese derecho hubiera sido consagrado en nuestra Constitución, quién sabe si no hubieran podido realizarse las entregas, los regalos que de nuestras riquezas naturales han sido hechos a los trusts internacionales. Junto con la consagración de ese derecho en la Constitución, necesariamente hubieran tenido que establecerse normas para la defensa de esas riquezas, para su aprovechamiento y conservación, todo lo cual hubiera hecho más difícil el saqueo que hemos sufrido.”

Desde entonces han cambiado las constituciones y las leyes de hidrocarburos. Se nacionalizó falazmente el petróleo, se creó PDVSA, y se tomó el control de la producción y comercialización, dejando un resquicio para establecer alianzas y convenios con empresas privadas. Se internacionalizó la industria al adquirir refinerías en Alemania, Suecia y Estados Unidos. Para los noventa, se realizó la apertura petrolera: se establecieron las figuras de convenios operativos, asociaciones estratégicas y contratos con ganancias compartidas, que no era más que formas discretas de privatización, a través de la tercerización de servicios o empresas con autonomía financiera y capacidad de negociación en la distribución de los beneficios y rentas.

Hasta que en 1999 todo cambió radicalmente. Un paso adelante hacia donde Salvador y Pérez Alfonzo habían señalado. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establecieron concretamente los límites espaciales de la soberanía nacional, presente y futura: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles (…)“ (Art. 12). En artículos posteriores se consagró que todos los contratos y convenios en materia económica deben ser aprobados por el poder legislativo, que cualquier duda o controversia en dichos contratos debía resolver en los tribunales de la República, que el Estado se reserva la administración de la actividad minera por conveniencia nacional y además se niega la posibilidad de relaciones más beneficiosos para las empresas extranjeras que para las nacionales. En 2001 se aprobaría una Ley Orgánica de Hidrocarburos que complementaría la nueva soberanía petrolera, y convertiría al petróleo en algo más que combustible y materia prima: en un instrumento político al servicio de la soberanía, la independencia nacional y la integración regional.

Sin embargo, el pecado de confundir poder político con poder económico, desliz que la oligarquía financiera criolla no se permitió en el 58, más el insaciable apetito del capitalismo extranjero y sus lacayos, por energía y mayores rentas, han procurado que las letras del derecho agonicen. Se ciernen sobre la Nación circunstancias complejas, con intereses oscuros en planes golpistas, donde el ejercicio concreto de la soberanía petrolera ha dado dos pasos atrás y parece solo posible en el marco de la entrega de su supremacía.

Desde Gómez hasta Chávez la regalía aumentó desde menos del 10% al 30% del volumen producido y el precio de mercado. Con Medina se incrementó a casi el 17%. Caldera lo volvió a llevar al 1% en los contratos de ganancia compartida de la apertura petrolera. Y parece que todavía las circunstancias nos impiden estimar el valor real de los bienes de la Nación, sobre todo del capital energético que no es renovable.

Las dificultades del tiempo histórico nos distraen adrede de la discusión fundamental sobre el nuevo esquema del negocio petrolero. El papel de la clase obrera revolucionaria ha sido desprestigiado en maniobras de sus enemigos de clase, subestimando indebidamente su poder, mientras que los recursos del Estado se filtran agotándose. La capacidad de proyectar y tomar decisiones convenientes, justas, cada día se reduce más, sobre todo porque la palabra que vincula política, petróleo y soberanía a veces persiste en medias verdades, a veces calla, y a veces es demagoga y secunda resoluciones erráticas. Es imprescindible exhibir, en el marco de la agresión imperialista y sin chantajes –propios o ajenos–, lo que está en pugna, no solo para desnudar a los intereses que se debaten y estimar la dimensión de las consecuencias a las que nos atenemos, sino también para acendrar el compromiso de las fuerzas patriotas en un momento donde grandes riesgos abrasan a la soberanía energética del país.

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